En un momento histórico en el que la inteligencia artificial puede producir imágenes, audios y videos prácticamente indistinguibles de aquellos registrados por una cámara, el trabajo que impulsamos desde el Laboratorio Popular de Medios Libres junto a WITNESS y múltiples organizaciones aliadas en Escuela Común adquiere una dimensión urgente. No estamos únicamente ante un desafío técnico; estamos frente a una transformación profunda de las condiciones en las que se construye la verdad pública, se defienden los territorios y se protegen las vidas de quienes denuncian abusos.
Durante décadas, comunidades indígenas, campesinas y urbanas han documentado violencia policial, desalojos, amenazas de actores armados y operaciones de seguridad privada vinculadas a proyectos extractivos. Tal como sucede hoy en el Estados Unidos de Trump, la cámara del celular se convierte en una herramienta de defensa, en un mecanismo para decir: esto ocurrió, aquí están las pruebas. Sin embargo, la expansión de la IA generativa trastoca esa premisa básica. Como aclara Sam Gregory de WITNESS, “ver ya no es sinónimo de creer”.
La respuesta dominante frente a este problema suele centrarse en el desarrollo de tecnologías de detección de deepfakes o en nuevas normativas que obliguen a las plataformas a etiquetar o retirar contenidos. En India, por ejemplo, las recientes actualizaciones a las reglas de tecnología de la información exigen a las empresas actuar con enorme rapidez ante denuncias de manipulación digital, llegando en algunos casos a plazos de apenas un par de horas para evaluar y remover material problemático. La intención es comprensible: reducir el daño. Pero este enfoque también deposita un poder gigantesco en intermediarios corporativos que no necesariamente comprenden los contextos locales ni las dinámicas de riesgo que enfrentan las comunidades.
En el clima actual, cualquier contenido incómodo para el poder puede ser rápidamente señalado como un posible deepfake; y si las comunidades no cuentan con herramientas técnicas, trazabilidad ni procesos de resguardo que permitan demostrar de manera fehaciente su autenticidad, esa simple sospecha puede bastar para justificar su borrado, su silenciamiento o la reducción drástica de su alcance. El problema se agrava por una asimetría evidente: la capacidad de fabricar falsificaciones suele avanzar más rápido que las tecnologías que intentan detectarlas. En esa carrera, el margen de error casi siempre se vuelve contra quienes denuncian, dejando espacio para que lo falso se legitime mientras lo verdadero es puesto en duda. A esto se suma que los metadatos, las redes de contacto y los patrones de uso alojados en infraestructuras corporativas pueden revelar información extremadamente sensible sobre estrategias organizativas o identidades que necesitan permanecer protegidas.
Por eso, en Escuela Común el esfuerzo principal está en que las comunidades desarrollen la capacidad de documentar, resguardar y sostener su propia memoria digital con autonomía. Esto significa aprender a utilizar software libre, desplegar servidores propios, comprender cómo se preserva la integridad de un archivo y cómo puede demostrarse su autenticidad en el tiempo. Significa también discutir protocolos de cuidado, evaluar qué información puede hacerse pública y cuál debe circular de manera restringida, y entender que la seguridad digital es inseparable de la seguridad física. En territorios donde documentar puede costar la vida, la administración responsable de la evidencia es un asunto trascendental.
La existencia de archivos comunitarios gestionados con infraestructura propia cambia el terreno del debate sobre la veracidad. Frente a la sospecha permanente que instalan los deepfakes, las comunidades pueden sostener trazabilidad, contexto y custodias claras de la información. No dependen de la buena voluntad de una empresa para conservar su historia ni de formularios automatizados para evitar el borrado de un testimonio crucial. La prueba no se delega: se gobierna.
La autonomía no implica aislamiento. Escuela Común es una red de aprendizajes compartidos donde organizaciones de distintos países intercambian metodologías, se acompañan en la resolución de problemas técnicos y fortalecen una visión común: la tecnología debe servir a los procesos de justicia. En ese entramado, el trabajo con WITNESS aporta una larga experiencia en el uso del video y la evidencia audiovisual para la defensa de derechos humanos, mientras que herramientas como ProofMode son aportadas por Guardian Project y se articulan esfuerzos con el Centro de Autonomía Digital, que impulsa el desarrollo del modelo MAIA. Todas estas colaboraciones se reimaginan bajo el horizonte común de la soberanía tecnológica para la defensa de los derechos humanos.
La era de la inteligencia artificial nos obliga a mover la conversación más allá del asombro o el miedo frente a imágenes sintéticas cada vez más convincentes. La pregunta estratégica es quién tiene la capacidad de afirmar qué es real, bajo qué criterios y con qué infraestructura. Si esa capacidad permanece concentrada en pocas plataformas, las comunidades en lucha seguirán en desventaja. Si, en cambio, se multiplica a través de procesos de formación, redes de apoyo y tecnologías libres, se abren posibilidades concretas de proteger tanto la verdad como la vida.
Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres queremos reafirmar que la memoria de los pueblos no es un dato más en servidores ajenos, sino un territorio que también merece ser cuidado y gobernado por quienes lo habitan.
